Venezuela busca reestructurar su deuda gubernamental internacional y los bonos de la empresa estatal PDVSA, basándose en cuatro principios: sostenibilidad, exhaustividad, buena fe, transparencia y celeridad.
Analistas cuestionan la efectividad de estos principios, argumentando que el pago de deudas requiere más rapidez y determinación que declaraciones de intenciones, poniendo en duda la capacidad del país para solucionar sus asuntos legales y financieros.