Bolivia atraviesa una profunda crisis económica y social, con bloqueos en más de 90 puntos del país que paralizan la actividad desde hace un mes. Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva solo seis meses en el poder.
Las demandas incluyen la reversión de medidas de austeridad y el cese del aumento del costo de vida. La situación sanitaria es crítica: faltan medicamentos e insumos en hospitales, se postergan cirugías y se reportan muertes evitables. Los comercios enfrentan góndolas vacías y los precios de alimentos básicos se han duplicado, mientras que la escasez de combustible genera largas filas y acampes en estaciones de servicio.
El expresidente Evo Morales es señalado por el gobierno como el principal responsable de las protestas, dirigiendo las movilizaciones desde la clandestinidad. Morales, quien enfrenta una orden de captura por presunta trata de personas, utiliza su programa dominical para fijar las líneas de acción de las bases que sostienen los bloqueos.
Paralelamente, han surgido señalamientos sobre vínculos logísticos entre el primer comando de la capital (organización criminal brasileña) y grupos de narcotráfico transnacional en Bolivia, sugiriendo que durante los gobiernos de Morales, el país se convirtió en un nodo de acopio y refinamiento.