Se reitera la crítica a la implementación abrupta del traspaso de la obra social al IPS. Se enfatiza que, aunque la negociación pueda llevar tiempo, la falta de voluntad por parte de las autoridades del IPS y la provincia ha llevado a visibilizar el problema a nivel provincial y nacional.
Se argumenta que la legalidad de la medida es discutible, especialmente considerando una ley anterior que podría respaldar la continuidad de la gestión anterior. Se destaca que, más allá de lo legal, lo crucial es el impacto en los pacientes y trabajadores.
Se hace un llamado a las autoridades del IPS y de la provincia para que se den cuenta del daño que están causando. Se subraya que un trabajador con la salud contenida para él y su familia es fundamental para su rendimiento y bienestar general.