La justicia ha obligado al municipio de San Nicolás a difundir los estudios sobre la calidad del agua potable y a georreferenciar la red de suministro. Esta resolución judicial desarticula la estrategia del oficialismo, que había desestimado informes previos sobre la presencia de glifosato.
La medida judicial busca garantizar la transparencia en la gestión del agua potable y exige respuestas concretas por parte del municipio ante la preocupación de los ciudadanos.