Se cuestiona la decisión de dejar liberada la escena del crimen en el caso Agostina, lo que habría permitido la limpieza de pruebas y la posible fuga de responsables.
Se sugiere que Barrelier contaba con fuertes contactos políticos en Córdoba, lo que explicaría su aparente protección e impunidad, incluso en casos de fraude relacionados con licencias de conducir.
La investigación se ve obstaculizada por la inacción y presuntas irregularidades, lo que genera dudas sobre la efectividad de la justicia y la posibilidad de que los culpables reciban su merecido.