La licitación para el dragado y balizamiento del río Paraná, clave para el 80% de las exportaciones argentinas, se encuentra bajo un manto de polémica y denuncias de irregularidades. Se sospecha de un direccionamiento hacia la multinacional belga Jan De Nul, quien ya detentó la concesión por 30 años, debido a que el 35% del puntaje para ganar se otorga por experiencia previa en la tarea.
Además, el pliego elaborado por el gobierno de Javier Milei permitiría la aparición de "socios ocultos" mediante subcontrataciones. En este contexto, se menciona el ascenso meteórico del grupo de los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes han obtenido otras concesiones importantes y tienen vínculos cercanos con Santiago Caputo, asesor de Milei.
La licitación enfrenta una denuncia penal por favorecer a competidores y un amparo en Santa Fe por no cumplir con estudios ambientales integrales. Expertos señalan la irresponsabilidad de concesionar el río Paraná, que consideran la "puerta de América del Sur", sin evaluar los efectos sobre el ecosistema y las comunidades locales.
La intervención de Estados Unidos en la licitación, prohibiendo la participación de empresas chinas, también genera controversia. Se cuestiona la injerencia extranjera en un asunto de "seguridad nacional", comparándolo con la gestión del río Mississippi en EE.UU. por parte de su ejército. La licitación, que se extendería por 25 años, es criticada por no justificar la gran inversión necesaria y por no abordar el destino de los sedimentos ni los impactos sobre la fauna y los pescadores artesanales.