En el marco de la marcha "Ni Una Menos" en Córdoba y Buenos Aires, se expresó una profunda indignación por el asesinato de Agustina Vega. Se exigió la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, así como de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez.
Los manifestantes denunciaron la "desidia organizada del Poder Judicial" que, según afirman, desprotegió a Agustina y garantizó impunidad para su asesino. El caso de Agustina fue presentado como un símbolo de las violencias institucionales ejercidas por el Estado.
Durante la marcha, se leyó un documento que reveló la alarmante cifra de 3.205 víctimas de violencia de género en Argentina desde la primera movilización de Ni Una Menos en 2015 hasta la fecha.