Un informe de La Nación Data reveló que la casa de Barrelier funcionaba como un "aguantadero", un lugar donde vivía mucha gente y se realizaban actividades ilícitas. Vecinos denunciaron haber realizado múltiples quejas por ruidos molestos, fiestas y cortes de calle, sin obtener respuesta de las autoridades municipales.
Se cuestiona la inacción de los intendentes de Córdoba, tanto el actual Passerini como el anterior Llaryora, ante las reiteradas denuncias sobre el funcionamiento de este lugar, sugiriendo una posible complicidad o vista gorda debido a la relación de Barrelier con la política.
El primer abogado de Barrelier, yerno de un concejal, intentó conseguirle el sobreseimiento en una causa anterior de 2015, lo que genera dudas sobre la influencia política en el caso.