La CGT denunció al gobierno de Javier Milei ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la reglamentación de la nueva ley de reforma laboral. Según la central obrera, la reforma ha eliminado por completo los derechos laborales en Argentina.
Se mencionó que la reforma incluye la implementación de un fondo de asistencia laboral, que funcionaría como una especie de "financia tu propio despido", y que limitaría el derecho a huelga. Jorge Sola, secretario general de la CGT, afirmó que "esto no es modernización laboral, es precarización del trabajo".
Se anticipa que la reglamentación será "muy judicializada" debido a la eliminación del derecho a huelga y otras limitaciones. A pesar de los cuestionamientos, la reforma laboral ya está en marcha, y se critica que desfinancia el sistema previsional al facilitar despidos y destruir empleo formal.
Se concluye que la reforma es inconstitucional al declarar esenciales casi todos los trabajos, limitando el derecho a huelga, un derecho constitucional. Se lamenta la pasividad de la justicia argentina que ha convalidado gran parte de esta reforma, llevando a Argentina a ser uno de los peores países del mundo en derechos laborales.