La investigación del caso Agostina, la joven cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y parcialmente incinerado, continúa generando controversia debido a los errores iniciales y la aparición de nuevas hipótesis, incluyendo la posible participación en una red de trata de personas.
Ignacio González Prieto, criminólogo, señaló que la fiscalía ha vuelto a decretar el secreto de sumario para manejar el caso, destacando que se cometieron errores "muy importantes" en los protocolos de investigación, especialmente en el manejo del cuerpo y la determinación de la data de muerte y abuso sexual. Se criticó la premura de la fiscalía en comunicar conclusiones sin los estudios forenses complementarios adecuados.
Se discutió el perfil criminal del principal sospechoso, Barrelier, vinculado a barras bravas, sindicalismo y política, y con un historial de consumo de drogas. La declaración de un amigo y de una víctima previa que denunció haber sido secuestrada y amenazada por Barrelier, refuerzan la hipótesis de un patrón de conducta violenta y sexualmente abusiva. Se mencionaron allanamientos recientes donde se rompieron pisos y se tomaron nuevas pruebas.
Expertos sugieren la necesidad de realizar una "autopsia psicológica" de la víctima para reconstruir su situación y vulnerabilidad. Se hizo un llamado a no cuestionar a la víctima y a centrarse en la responsabilidad del criminal y las fallas del sistema judicial. También se planteó la posibilidad de que el femicidio de Agostina esté vinculado a otros delitos como la trata de personas o el narcotráfico, y se cuestionó la actitud de la madre de la víctima por exponerla a entornos peligrosos.
Finalmente, se destacó la incomodidad política generada por la repercusión del caso y la habilitación de fiscalías de género para colaborar en la investigación, lo cual se considera positivo ante la complejidad de la violencia de género.