El debate se centró en la problemática de la complicidad institucional en los femicidios y la inacción del sistema judicial. Se destacó que, pese a la existencia de denuncias previas, muchos casos terminan en tragedias. Se hizo hincapié en la necesidad de que la justicia actúe con celeridad y eficacia, y se criticó la falta de capacitación en perspectiva de género en algunas jurisdicciones.
Se mencionó un caso específico en Tucumán donde una víctima realizó trece denuncias antes de ser asesinada, lo que evidencia la falla del sistema. Se cuestionó la efectividad de la Ley Micaela y la capacitación de fiscales en todo el país, señalando que los procedimientos no son equivalentes en todas las jurisdicciones.
También se abordó la preocupación por la posible instalación del concepto de "denuncias falsas" en el discurso político, lo cual se considera una estrategia para negar derechos y deslegitimar las denuncias de las víctimas.