Se puso en discusión la propuesta de un proyecto de ley para penar las falsas denuncias, argumentando que, aunque representan un pequeño porcentaje (3-4%), estas arruinan familias y afectan a personas inocentes. Se criticó la baja penalidad actual para las falsas denuncias, que se consideró "gratis" y se planteó la necesidad de poner el foco en esta problemática.
Sin embargo, se contrapuso la idea de que legislar para una minoría podría desalentar las denuncias de la mayoría de casos reales. Se enfatizó que la mayoría de las denuncias son auténticas y que las mujeres enfrentan grandes dificultades para denunciar, incluyendo violencia psicológica, vergüenza, culpa y temor, y muchas veces carecen de recursos económicos y acompañamiento.
Se cuestionó la confiabilidad de las estadísticas sobre denuncias falsas y se señaló que la justicia debe moverse con pruebas y testimonios, no con sensaciones. Se argumentó que el discurso de que las mujeres mienten en sus denuncias desalienta a las víctimas a buscar ayuda, y se destacó el rol de instituciones como la OVD que sí funcionan y ofrecen un camino judicial a las víctimas.