Se observa una "acefalía en relación a normas legales y éticas" en Argentina, lo que se traduce en un aumento de la violencia y la intolerancia. Se menciona el caso de agresiones a personas trans en la calle, equiparando la situación a años anteriores en los que no existía conciencia ni protección para la comunidad. La crítica se dirige al gobierno, que, al "habilitar las violencias desde la cabeza del poder", genera un clima propicio para más femicidios, ataques y asesinatos.
El debate se centra en la postura del presidente, que habla en contra de los femicidios, mientras que su ministra de seguridad se refiere a ellos como "homicidios", lo que es interpretado como una "toma de posición ideológica absolutamente contradictoria" con la construcción de derechos humanos. Se subraya que el término femicidio, aunque no esté explícitamente en el Código Penal, reconoce la particularidad de los crímenes contra mujeres, niñeces y adolescencias, y que la ley también condena el odio por orientación sexual o racial.
Se retoma la discusión sobre la reforma laboral, señalando que la sociedad se ha quedado sin derechos, y que esta situación se inició con el macrismo, acentuándose con el actual gobierno. Se critica la falta de reacción de la oposición y la confusión generada por las autoridades, que engañan a la población y desvirtúan los derechos, dejando a los ciudadanos sin herramientas legales para reclamar.