Durante el debate sobre el femicidio de Agostina, se denunciaron recortes presupuestarios significativos en programas y líneas de atención a víctimas de violencia de género. Se mencionó una reducción del 64% en la línea 144, destinada a la atención de mujeres en situación de violencia, lo que implica una menor capacidad de respuesta a las llamadas de auxilio.
Además, se destacó un recorte del 45% en la planta de trabajadoras de la línea 144, lo que agrava la situación. Otro programa afectado es "Acompañar", que asiste a mujeres víctimas de violencia. Este programa pasó de asistir a 100.000 personas en 2023 a una proyección de 434 para 2026, lo que representa una disminución drástica en la ayuda a mujeres en riesgo. Los participantes del debate cuestionaron la defensa del gobierno hacia las mujeres frente a estas cifras.
Se generó una fuerte discusión sobre la minimización de los femicidios, con acusaciones de que el gobierno instruye a aliados en el Poder Judicial para que no caratulén los casos como femicidios, sino como homicidios. Se puso como ejemplo el caso de Agostina, donde un fiscal inicialmente se negaba a calificarlo como femicidio. Se argumentó que esta práctica busca bajar artificialmente las estadísticas de femicidios y se acusó al oficialismo de "jugar con la vida de las mujeres". También se criticó la intención de eliminar la figura de femicidio del código penal.