El Congreso boliviano derogó la ley 1341 que limitaba la declaratoria de estados de excepción, generando una profunda división en la población. Mientras quienes apoyan la medida argumentan que antes el país estaba desprotegido, los críticos temen abusos y represión por parte del gobierno. La ley había sido impulsada durante la pandemia por la legisladora Eva Copa en un contexto de manifestaciones que exigían elecciones.
La normativa derogada regulaba los mecanismos, controles legislativos y límites de los estados de excepción. Por ejemplo, garantizaba el derecho a la vida, la integridad personal y la información, exigiendo que cada limitación de derechos fuera debidamente justificada. Además, establecía que un estado de excepción no podía durar más de 60 días y requería la aprobación del Congreso para su renovación o la declaración de uno nuevo.
Con la derogación, el presidente Rodrigo Paz podrá declarar un estado de excepción que quedará en firme si es aprobado por el Congreso en 72 horas. La duración de dicho estado de excepción será determinada por el ejecutivo. Esta decisión, aprobada por dos tercios del parlamento, ya muestra las primeras grietas dentro del oficialismo, ya que varios diputados y senadores afines al vicepresidente Edman Lara votaron en contra.
El vicepresidente Edman Lara y Rodrigo Paz mantienen una crisis casi permanente desde el inicio de su gobierno hace seis meses. Lara interpuso un recurso de amparo contra la derogación de la ley, asegurando que otorgaba "poderes absolutos" al presidente. A pesar de esto, el gobierno insiste en una estrategia de "contención pacífica" y diálogo, aunque Paz ha manifestado que "se le está agotando la paciencia".