El Poder Ejecutivo busca agilizar la cobertura de las numerosas vacantes en el Poder Judicial, que actualmente rondan el 37-38%. Se trata de aproximadamente 150 pliegos de jueces que están en condiciones de ser tratados por el Senado, con la intención de dar celeridad a los casos y mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
El objetivo del gobierno es "tabicar" rápidamente estos puestos y, desde la política, reclamar mayor eficacia. Esta medida se enmarca en la lectura de un sistema judicial que "cruje" por falta de jueces, fiscales y defensores oficiales, lo que ralentiza los procesos y sobrecarga a los magistrados existentes.
Sin embargo, el proceso de aprobación de pliegos se ve empañado por controversias políticas, como el caso de la jueza Micheli, cuyo pliego fue retirado por el Ejecutivo. La situación genera debate sobre la necesidad de fundamentos para tales decisiones y la autonomía de los funcionarios en la toma de estas determinaciones.