La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei introduce cambios significativos en el modelo laboral argentino. Uno de los puntos clave es la priorización de los acuerdos laborales por empresa sobre los acuerdos por rama de actividad. Esto permitiría a cada sindicato tener en cuenta la realidad específica de cada empresa, adaptando las condiciones laborales a las particularidades locales y sectoriales.
Esta modificación busca desincentivar la informalidad y beneficiar principalmente a las PyMEs, que a menudo se ven perjudicadas por un modelo que unifica realidades muy dispares. Además, la reforma pone fin a la "ultraactividad", un principio que hasta ahora garantizaba que los convenios colectivos de trabajo continuaran vigentes incluso después de su vencimiento, hasta la firma de uno nuevo. Esto implicaba que el sindicato mayoritario podía tener un poder de negociación desproporcionado, limitando la autonomía de las empresas más pequeñas.
Con la nueva ley, las empresas con pocos empleados podrán negociar directamente sus condiciones laborales sin depender de la estructura de los sindicatos más grandes. El objetivo es modernizar el sistema, hacerlo más predecible y fomentar el empleo registrado, lo que a su vez permitiría a más personas acceder a beneficios como obra social, aportes jubilatorios y créditos.