La reforma laboral busca reducir la informalidad en el empleo, que actualmente afecta a unos 14 millones de personas en Argentina. Uno de los principales obstáculos para la formalización son los juicios laborales y las altas cargas patronales. Se espera que la reducción en la duración de los juicios y posibles bajas en impuestos como el IVA y los ingresos brutos incentiven a las empresas a incorporar trabajadores de manera formal.
Se menciona la complejidad del impuesto a los ingresos brutos, calificado como "en cascada", ya que se paga en cada provincia donde la empresa tiene producción o ventas. La informalidad laboral genera un impacto negativo en el sistema previsional, afectando la capacidad de financiar las jubilaciones futuras.