El gobierno nacional reglamentó la reforma laboral, generando preocupación por la eliminación de derechos laborales históricos. Uno de los puntos más controvertidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a operar el 1 de noviembre. Este fondo, que será administrado por brokers privados con comisión, busca financiar los despidos, y según el análisis, se nutrirá de recursos que antes iban a la ANSES, desfinanciando el sistema previsional.
La reglamentación también incluye cambios en las indemnizaciones, la flexibilización de las vacaciones, el banco de horas y una mayor flexibilización de los convenios laborales. Además, se modifica la forma de presentar licencias por enfermedad, ahora de manera electrónica, y se especifica en el recibo de sueldo el aporte del empleador al ANSES, una medida celebrada por el gobierno pero que, según los críticos, busca visibilizar los "costos laborales" para justificar la reforma.
Según un experto, esta reforma es la más importante de la historia en Argentina, abarcando todos los aspectos de las relaciones laborales, desde derechos individuales hasta la organización sindical. Sin embargo, la considera la "peor concebida y más improvisada", sin debate ni participación de los actores sociales. Se destaca que el fondo, además de ser un posible negocio financiero, desvía recursos del régimen jubilatorio para financiar despidos, lo que implica que las indemnizaciones se pagarán con dinero de los jubilados.
La reforma es vista como un "ataque sorpresa en todos los frentes", debilitando las organizaciones sindicales, el derecho a huelga y la negociación colectiva. Se anticipa un período de fuerte litigiosidad, con abogados que buscarán la revisión judicial de estas medidas, confiando en que la justicia independiente actúe para proteger los derechos de los trabajadores frente a lo que consideran un intento de "colonización de la justicia".