Marcelo Porcel, exdueño de una empresa de colectivos y figura con poder económico y contactos, investigado por el abuso de al menos 10 menores, fue visto en la Basílica de Luján.
A pesar de tener un procesamiento confirmado y un pedido de prisión, a Porcel no se le ha colocado aún la tobillera electrónica. El juez denegó la prisión, permitiéndole moverse libremente con restricciones de distancia a los denunciantes, lo que genera indignación y revictimización de las víctimas.
Se cuestiona la actuación judicial ante personas con recursos económicos y políticos, contrastando con la situación de las víctimas, quienes tardaron en poder denunciar y sentirse respaldadas por la justicia.