El gobierno nacional reglamentó la reforma laboral, introduciendo cambios significativos en las relaciones de trabajo. Uno de los puntos clave es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que comenzará a operar el 1 de noviembre. Este fondo, administrado por brokers financieros, se financiará con aportes de las empresas y desfinanciará parcialmente el régimen jubilatorio, ya que parte de los aportes destinados a Anses se derivarán a este nuevo fondo.
La reforma también modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido, eliminando varios ítems que antes se consideraban. Además, se flexibilizan aspectos como el fraccionamiento de vacaciones y el banco de horas, y se permite la flexibilización de convenios colectivos. Cambia la forma de transmitir recetas médicas, que ahora será electrónica, y se modifican los recibos de sueldo para detallar las contribuciones del empleador.
El doctor Mario Ackerman, especialista en derecho laboral, criticó duramente la reforma, calificándola como la "peor concebida, más improvisada y con menos debate" de la historia. Señaló que la eliminación del costo directo para el empleador en despidos deja al trabajador "indefenso" y que el Fondo de Asistencia Laboral desfinancia el sistema previsional. Ackerman también mencionó que la reforma afecta derechos individuales y colectivos, la organización sindical y la negociación colectiva.
Se introducen actualizaciones en los créditos de juicios por índice de costo de vida más 3%, pero se advierte que el trabajador tardará años en cobrarlo y que el pago provendría del fondo, no del empleador. La reforma se aplica a todos los contratos vigentes y juicios en trámite, con actualizaciones reducidas para estos últimos. Ackerman afirmó que este tipo de procedimiento, donde la indemnización no tiene costo directo para la empresa, no existe en ninguna parte del mundo y que la medida podría incentivar el trabajo en negro.