Se generó un debate sobre los límites de la libertad de prensa y la responsabilidad de los medios al difundir discursos de odio. Se cuestionó la actuación de un programa televisivo que, según los panelistas, perjudica a un niño de 8 años al exponerlo a bullying por comentarios vertidos en televisión.
Se planteó la necesidad de un control o ente regulador para limitar los discursos discriminatorios y de odio en los medios, argumentando que este tipo de contenido es perjudicial y no debería tener lugar en la televisión.
Se mencionó que este tipo de personajes "rinden" en audiencia, lo que lleva a darles espacio, y se criticó la falta de acción por parte de los productores y dueños de los medios para frenar estos discursos.