Se cuestionó la actuación de la justicia de Córdoba en el caso de Agostina, señalando presuntas demoras y falta de acción por parte de los fiscales.
Se criticó al fiscal general por avalar que la causa sea investigada por Garzón y por su postura sobre las falsas denuncias.
Se detalló que la investigación inicial no avanzó porque la familia y vecinos aportaron pruebas clave, como cámaras y el vehículo sospechoso, mientras el fiscal no actuó.
Se sospecha que hubo un intento de encubrimiento y que la inacción judicial podría haber sido motivada por conexiones políticas y judiciales en Córdoba.