Se critica la lentitud del Código Penal y el sistema penitenciario, así como los largos tiempos procesales, que no logran evitar tragedias como la de Agostina.
Se cuestiona la vigencia de penas de 35 años de perpetua, argumentando que no garantizan la seguridad a largo plazo. Se señala que legisladores de diversos partidos votaron en contra de medidas más duras para violadores en 2017, como Miriam Bregman, Victoria Donda, Margarita Stolbiser, Mila Garré y Máximo Kirchner, lo que dificulta la implementación de penas más severas.
Se debate la necesidad de que la prisión perpetua sea realmente efectiva y que los delincuentes no salgan de la cárcel, especialmente aquellos que demuestran no tener posibilidades de rehabilitación.