Tras el caso de Agostina, el gobierno muestra una necesidad imperiosa de acelerar las modificaciones en el Codigo Penal, especialmente en lo que respecta al nivel de penas. Se critica que las leyes actuales tienen penas muy bajas, lo que genera un reclamo por una reforma profunda.
La discusion se centra en la percepcion de que las leyes actuales a menudo benefician a los delincuentes, y se enfatiza la urgencia de cambiar esta situacion mediante la modificacion del Codigo Penal para garantizar una mayor justicia.