Se critica la aparente sorpresa ante la existencia de prostíbulos y redes de corrupción, comparándolo con el descubrimiento de avionetas con drogas o la construcción de pistas de aterrizaje por parte de políticos. Se cuestiona el rol de los políticos y jueces en la protección de estas actividades ilícitas.
Se mencionan casos como el de Lázaro Báez y se cuestiona el propósito de las vastas extensiones de tierra en posesión de políticos y sindicalistas, sugiriendo que podrían ser utilizadas para actividades ilegales como el narcotráfico.