Se denunció un aumento de la violencia y discriminación contra la comunidad trans y travesti, comparable a niveles de hace años, vinculándolo con la habilitación de discursos de odio desde la cabeza del poder.
Se criticó la postura oficial sobre los femicidios, cuestionando el uso del término "homicidio" por parte de la ministra de Seguridad y la contradicción ideológica con la construcción de derechos humanos.
Se señaló la falta de marco judicial, legal y regulatorio, así como la anomia ética, y se expresó preocupación por el desfinanciamiento de áreas de género y niñez, la destrucción de ministerios y el despido de profesionales, comparando la situación con el CONICET y la universidad pública.