Se cuestiona la demora en la actuación policial y fiscal, y se resalta que el "Alerta Sofía" se activó tarde. Se argumenta que, según el protocolo de Naciones Unidas para trata y femicidios, se debe actuar inmediatamente ante un posible sospechoso y realizar un allanamiento.
Se critica la inacción de las autoridades, quienes aparentemente esperaron demasiado tiempo. La familia de Agostina considera que hubo una mala praxis judicial y de las autoridades de seguridad de Córdoba, al no actuar con la celeridad necesaria.