Se cuestiona la contratación de Claudio Barrelier, con antecedentes penales por secuestro, por parte de la municipalidad de Córdoba, evidenciando fallas estructurales en el sistema judicial.
Un abogado y concejal, Ricardo Moreno, admite haber facilitado la entrada de personas a la municipalidad, justificándolo por la "necesidad" y la crisis económica, lo que genera indignación.
La actitud de Moreno es criticada por su aparente falta de empatía y por minimizar la gravedad de la situación, sugiriendo que contratar a alguien con antecedentes para evitar que se vaya del país es inaceptable.