Se cuestionó la continuidad laboral de una persona con antecedentes de violencia y abuso en la municipalidad, a pesar de los graves hechos ocurridos.
Se criticó la actuación del fiscal y del ministro de seguridad, quienes afirmaron que "se hizo todo bien", a pesar de las falencias evidentes en el caso.
Se planteó la falta de cumplimiento de leyes como la Micaela, que exigen capacitación en violencia de género para funcionarios públicos.