Se denuncia que un detenido, Barrelier, que cometió un grave delito, continuaba trabajando como empleado municipal en Córdoba y era pagado con fondos públicos.
Se cuestiona la actuación de funcionarios y concejales que no repudiaron al sujeto a pesar de sus antecedentes y la gravedad del caso.
Se menciona que el fiscal que dispuso su libertad, presuntamente amigo de Barrelier, podría tener vínculos con el peronismo cordobés.