Se critica la desprotección ciudadana ante la inacción del Estado en casos de riesgo inminente. Se argumenta que la vida debe prevalecer sobre los procedimientos legales, y que las autoridades tienen la obligación de actuar con urgencia cuando existe una alerta.
La falta de acción oportuna en casos como el de Agostina Vega genera una profunda desconfianza en el sistema y la sensación de que los ciudadanos no están debidamente amparados por las instituciones.