Se debate la necesidad de incluir el agravante de femicidio en la legislación penal y las consecuencias de votar leyes reaccionarias que podrían beneficiar a agresores.
Se critica la falta de presupuesto para políticas de prevención de violencia de género y se enfatiza que la respuesta del Estado debe ser proporcional a la vulnerabilidad de las víctimas.
Se cuestiona una ideología individualista que prioriza al más fuerte y se subraya la importancia de proteger a los más débiles, comparándolo con el principio de "mujeres y niños primero" en situaciones de emergencia.
Se hace un llamado a la reflexión sobre la necesidad de no retroceder en los avances logrados en materia de derechos y a que los medios de comunicación visibilicen estas discusiones para informar a la sociedad.