Se debate la efectividad y los tiempos de respuesta en la investigación de la desaparición de Agostina Vega, con especial énfasis en la tardía activación de la Alerta Sofía, ocurrida 80 horas después de su desaparición.
Se cuestiona la experiencia del órgano judicial interviniente en casos de desaparición y se critica la falta de cooperación con otras instituciones. Se detalla el proceso legal para activar la Alerta Sofía, incluyendo la necesidad de una denuncia oficial y la evaluación de peligro inminente para el menor, subrayando que en este caso, el peligro era evidente.