El caso de Agostina Vega en Córdoba revela presunta protección política hacia el acusado de su asesinato, quien era empleado municipal y pertenecía al peronismo cordobés.
El abogado de la víctima, actual concejal Ricardo Moreno, intenta desvincularse del acusado, a pesar de que su yerno lo representó legalmente.
Se cuestiona la liberación del acusado tras una detención previa y la aparente inacción de las autoridades ante denuncias previas.