Se debate la intervención del Poder Ejecutivo en el caso Agostina, señalando una posible extralimitación de funciones al inmiscuirse en un proceso judicial. El gobernador de Córdoba recibe a la familia, generando especulaciones sobre el interés político detrás de esta acción.
Se critica la politización del caso, sugiriendo que se busca obtener protagonismo o capitalizar la conmoción social. La atención se centra en la actuación de la justicia y el rol de los diferentes poderes del Estado en la resolución del femicidio.
Se pone en duda la credibilidad del fiscal y se cuestiona la forma en que se comunicaron los avances de la investigación. La falta de transparencia y las posibles omisiones en el manejo del caso generan desconfianza en la opinión pública.