Guatemala sufre una crisis de seguridad marcada por la extorsión de pandillas, que operan desde las cárceles y hostigan a comerciantes y ciudadanos. Líderes sociales buscan la reinserción de pandilleros, pero el crimen organizado se diversifica hacia la minería ilegal ante la caída del negocio de la coca.
El gobierno ha implementado un estado de prevención y construye cárceles de máxima seguridad para combatir el repunte de homicidios. Sin embargo, la violencia persiste, con el reclutamiento de niños y la disputa territorial entre grupos armados.