La muerte de Agustina Sartori, ocurrida 15 días después de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V, está vinculada a un cuadro de trombocitopenia trombótica inducida por vacunas. Este efecto colateral, aunque poco frecuente, es conocido en el ámbito médico y también se ha observado con otras vacunas como Pfizer y AstraZeneca.
El Estado argentino, bajo la gestión de Alberto Fernández, asumió la responsabilidad de pagar una indemnización de 95 millones de pesos a la familia de la víctima. Esta decisión, considerada inédita a nivel mundial, implica que el Estado argentino se hace cargo de los efectos adversos de un medicamento, en lugar del laboratorio productor o sus concesionarios, que no incurrieron en ningún costo.
Se critica la decisión política de haber priorizado la compra de la vacuna Sputnik a Rusia y haberse comprometido a cubrir eventuales problemas, mientras que el costo recae sobre los contribuyentes argentinos. Se cuestiona por qué los responsables políticos de esa decisión, como Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la exministra de Salud Bisotti o Santiago Cafiero, no pagan la indemnización de su propio bolsillo.