Se critica la decisión del fiscal de no activar la alerta SOFIA, argumentando que no era necesario utilizar los recursos del Estado.
Se señala que el fiscal consideró que Agostina se había ido con un "noviecito", minimizando el riesgo y victimizando a la menor.
Se recuerda que la ley SOFIA establece la activación de la alerta ante la desaparición de un menor, independientemente de las conjeturas sobre el motivo.
Se cuestiona la potestad del fiscal para decidir cuándo activar o no la alerta, ya que la ley votada por el Congreso es clara al respecto.