El caso del femicidio de Agostina pone en tela de juicio la capacidad del Estado para prevenir y frenar este tipo de delitos. La falta de intervención ante las advertencias de los vecinos y la aparente inacción de las autoridades generan un profundo malestar social.
Se anticipan repercusiones políticas y jurídicas, con el legislador Luis Juez anunciando posibles denuncias contra el fiscal. La complejidad del delito requiere inteligencia criminal y acciones tempranas, aspectos que, según se evidencia, han fallado en este caso.