Se debate la cadena de responsabilidades en el caso Agostina, cuestionando si fallaron la justicia, la policía o el Estado. La jueza enfatiza que el sistema es responsabilidad de todos y que las decisiones cruciales no se tomaron a tiempo.
Se menciona que la víctima, Agostina, pudo haber comunicado señales de auxilio que no fueron escuchadas. Se critica la falta de intervención ante denuncias previas, como la de privación ilegítima de la libertad, y se subraya la necesidad de valorar el riesgo de reincidencia en casos de violencia.
La discusión se centra en la autocrítica del sistema judicial y la posible influencia de cuestiones ideológicas en la liberación de personas con antecedentes. Se resalta la importancia de la Ley Micaela en la capacitación de funcionarios sobre violencia de género.