Se debate el elevado costo que representa para el Estado argentino mantener a la población carcelaria. Se estima que el gasto anual por preso asciende a 30 millones de pesos, incluyendo alojamiento, alimentación, salud y seguridad.
Este debate surge a raíz de casos como el del crimen de Agostina, donde la sociedad se pregunta por qué debe solventar los gastos de delincuentes que han cometido delitos graves. Se plantea la necesidad de buscar alternativas para reducir este gasto y que los propios reclusos contribuyan a su manutención a través del trabajo.