Se critica la ausencia del Estado y del gobierno en políticas de asistencia a víctimas de violencia de género, así como la falta de transversalidad de género en el Poder Judicial.
Se menciona el proyecto de ley de Carolina Lozada que busca penalizar las "falsas denuncias" de violencia de género, a pesar de que las estadísticas indican que son marginales.
Se cuestiona la decisión del Estado de priorizar eventos como finales de fútbol con gran despliegue policial, en lugar de destinar recursos a áreas de necesidad social.
Se hace hincapié en la gravedad de que estos hechos ocurran en un contexto de desprotección estatal y de debates legislativos que no abordan las problemáticas de fondo.