En Colombia, la seguridad es una preocupación principal para muchos ciudadanos. El conflicto armado se ha intensificado en diversas regiones, con grupos armados fragmentados que luchan por el control territorial y se financian a través de la producción de cocaína o la minería ilegal. Estos grupos afectan la libre circulación y la seguridad en zonas como Norte de Santander, Cauca y Meta.
El acceso a la salud es otro desafío importante. El sistema, una mezcla de público y privado, presenta dificultades para que la población acceda a citas con especialistas, exámenes y medicamentos. Se denuncian retrasos sistemáticos en la entrega de tratamientos esenciales.
A pesar de una suba del salario mínimo y una baja en la pobreza y el desempleo, la deuda neta del país está en su nivel más alto en décadas, y la informalidad laboral supera el 50%. La corrupción sigue siendo un problema sistémico.
Los pueblos indígenas del Cauca y el Consejo Regional Indígena han expresado su preocupación por la violencia y la presencia de grupos armados. La inseguridad se ve agravada por el reclutamiento de niños y la disputa territorial entre grupos armados, que a menudo priorizan el narcotráfico y la minería ilegal sobre el respeto a la población civil.