La actuación de la justicia y el poder político en el caso Agostina generó un fuerte impacto social, evidenciado en la conferencia de prensa conjunta del fiscal Garzón y el Ministro de Seguridad, Quinteros. La presencia de concejales y legisladores nacionales en dicho evento sugiere una politización de la causa.
La opinión pública cuestionó la inacción inicial de la justicia y el poder político, lo que llevó a pedidos de jury para Garzón y la posible remoción del Ministro Quinteros. La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Agostina, así como la gravedad del femicidio, provocaron una reacción política que obligó al gobernador a intervenir.
La situación escaló hasta el punto de que vecinos y familiares apedrearon una comisaría, a lo que la policía respondió con gases lacrimógenos. La investigación avanza bajo secreto de sumario, mientras la familia busca respuestas y se esperan los resultados de la autopsia.