El caso de Agostina destapa la corrupción en la política y la justicia de Córdoba. Se cuestiona al fiscal que liberó al asesino en un primer secuestro, quien luego fue nombrado en un cargo de "caja política" con un sueldo de 15 millones de pesos.
El poder político está movilizado, con el ministro de Seguridad mostrando su implicación en la búsqueda. Se presentará el pedido de exclusión del concejal Moreno y el jury al fiscal. La oposición apoyará estas iniciativas, pero el peronismo tiene mayoría para frenarlas.