Se analiza la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la justicia, destacando su potencial para agilizar fallos y aportar objetividad. Se menciona que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte porteña ya están implementando o planean implementar sistemas de IA para gestionar el creciente volumen de causas.
Se ejemplifica con un caso donde la IA determinó que los jubilados perdieron un 10,3% de poder adquisitivo en 2026. Se resalta que la IA podría ofrecer objetividad en las decisiones judiciales, liberando a los jueces de responsabilidades presupuestarias y permitiéndoles centrarse en la correcta aplicación de las leyes. Se cuestiona el alto costo de implementación de estos sistemas por parte de empresas multinacionales, sugiriendo que desarrolladores locales podrían ofrecer soluciones más accesibles.