Se debate la urgente necesidad de cárceles para los violentos de género, argumentando que las medidas actuales como la perimetral y el botón antipánico son ineficaces y el principio del femicidio.
Se denuncia la alarmante cifra de femicidios en Argentina, con un promedio de 250 casos anuales, y se subraya que muchos de estos crímenes podrían evitarse si los agresores estuvieran en prisión.
Se cuestiona la liberación de Barrelier, principal sospechoso en el caso Agostina, quien contaba con antecedentes de violencia de género. Se exige que los responsables de su liberación rindan cuentas.