Trabajadores de farmacias se encuentran en un "limbo legal" tras el cierre de sucursales, ya que no fueron despedidos formalmente ni recibieron telegramas de suspensión, pero tampoco cobran sus sueldos.
Se explica que, en caso de quiebra, los empleados son acreedores privilegiados y deberían ser los primeros en cobrar, pero la situación actual genera incertidumbre sobre cuándo y cómo recibirán lo adeudado.
Los empleados expresan su frustración ante la falta de responsables que den la cara y la aparente impunidad de los directivos, mientras ellos deben afrontar sus compromisos económicos sin ingresos.