Patricia Wright expone la compleja problemática de los registros automotores en Argentina, un sistema con 60 años de antigüedad y una estructura profundamente arraigada en intereses políticos y económicos. Señala que la mayoría de los partidos políticos, con la excepción de La Libertad Avanza, mantienen vínculos con estos registros a través de familiares, militantes o allegados, lo que dificulta su reforma.
La diputada denuncia que estos registros generan 300 mil millones de pesos anuales que no son transparentemente administrados. Una parte significativa de estos fondos, alrededor del 20%, es girada al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad, siendo cruciales para su subsistencia. Sin embargo, Wright sugiere que existen irregularidades y que muchos actores "morderían de ahí", lo que explicaría la resistencia a la reforma.
Además de la complejidad política, Wright señala un problema técnico: la dificultad de desarticular un engranaje tan consolidado y la dependencia financiera que tienen el Ministerio de Justicia y Seguridad de los fondos provenientes de estos registros. La diputada también menciona haber recibido amenazas por su lucha contra estas estructuras, así como haber sido objeto de 36 multas de fotomultas que aún no han sido resueltas.